Sobre Sánchez Dragó y los abusos sexuales a menores

Los abusos sexuales han existido siempre, no son de ninguna manera un producto de la sociedad actual. En el pasado los derechos y necesidades de los menores no fueron nunca una prioridad, y los malos tratos físicos, el abandono o la explotación laboral o sexual formaban parte de la vida cotidiana de niños y niñas, y aún siguen machacando a la infancia de otros países y culturas.

Fue Freud el primero que sacó a relucir la elevada incidencia de los abusos sexuales a menores, aunque tal vez ante el revuelo que esta realidad podría crear se echó atrás, y consideró que estos recuerdos eran producto de la fantasía infantil. Sin embargo, desde los primeros estudios de Kinsey, se ha ido acumulando una abundante evidencia empírica que indica que un amplio porcentaje de menores, que suele estar comprendido entre el 10 y el 20%, sufren abusos sexuales en la infancia. También disponemos de abundantes datos que señalan las graves consecuencias emocionales que estos abusos tienen para quienes los sufren: vergüenza, culpa, miedo, estigmatización, pérdida de autoestima, depresión, tentativas de suicidio, etc.

En este momento esos efectos devastadores suelen ser bien conocidos por la mayoría de la población, que rechaza y repugna este tipo de comportamientos. Es cierto, que en épocas pasadas la sensibilización ante la gravedad de estos actos era menor, e incluso puede afirmarse que existía una cierta tolerancia hacia las relaciones sexuales con menores cuando se trataba de niños o niñas que habían llegado a la pubertad.

En ese contexto puede entenderse que bastantes adultos se implicasen en este tipo de actividades, de lo contrario difícilmente podría explicarse la elevada prevalencia que encuentran estudios retrospectivos. Y también nos ayuda a entender que incluso algunos de estos adultos reconociesen los abusos ante conocidos o incluso desconocidos. Es el caso de algunos escritores como Jaime Gil de Biedma, que en sus memorias “Diario de un artista seriamente enfermo” describe con mucho detalle sus relaciones con niños filipinos. Sin embargo, esta obra fue escrita en 1974, y los abusos cometidos mucho antes, por lo que aunque no sean justificables bajo ningún concepto, en su defensa se puede decir que cuando se escribió el libro estos actos no generaban tanto rechazo.

Sin embargo, el libro escrito por Fernando Sánchez Dragó en el que reconoce haber mantenido relaciones sexuales con dos menores japonesas de unos 13 años ha visto la luz en la actualidad, es decir, en un momento en el que el personaje conoce perfectamente la naturaleza depravada de sus actos. Por lo tanto, el que haya reconocido abiertamente los abusos e incluso se jacte públicamente de ellos nos indica de forma clara la catadura moral del sujeto. Y es que escuchando su justificación podríamos pensar que este anciano escritor vive anclado en el pasado y considera que los abusos sexuales a menores son incluso instructivos para ellos. Ahora ya conocemos uno de los motivos por los que Sánchez Dragó siente tanta pasión por Oriente.

Malos tratos en los centros de protección de menores

La Ley de Protección Jurídica del Menor establece la posibilidad de declarar una situación de desamparo, de forma que la guarda y tutela del niño o niña pase a ser asumida por la Administración. Naturalmente, esa es una medida drástica que sólo se toma en situaciones excepcionales en la que hay un claro incumplimiento por parte de los padres del ejercicio de sus deberes: negligencia, malos tratos, abusos, etc. Cuando la Entidad Pública asume la tutela de un menor, debe proporcionar los recursos para que se ejerza la guarda del menor, ya sea a través de la adopción o el acogimiento familiar, o bien mediante el ingreso en un centro de protección.

En algunos casos, pueden ser los mismos padres quienes soliciten a la Administración que se haga cargo de la guarda, generalmente por la escasez de recursos para el adecuado ejercicio del rol parental. Por ejemplo, padres con muchos hijos y dificultades económicas, o con hijos “difíciles” y pocas habilidades parentales, que se ven desbordados por la situación familiar y abocados a solicitar ayuda a la Administración.

Por lo tanto, en estas situaciones la Entidad Pública que se hace cargo de la guarda de un menor tiene la obligación de velar por él, educarlo, alimentarlo y procurarle una formación integral. Es decir, lo mismo que se le exige a cualquier padre y madre residente en nuestro país. Cuando la medida de protección supone el ingreso en un centro, la persona que dirige el centro es la encargada de ejercer la guarda y la que asume la responsabilidad de cualquier situación en la que las necesidades del menor no estén cubiertas.

Pues bien, tras esa aclaración, hay que hacer referencia al informe que el Defensor del Pueblo acaba de remitir al Congreso de los Diputados, y que a lo largo de esta semana ha tenido una importante repercusión en los medios de comunicación. Se trata de un documento que recoge los resultados de una investigación realizada en 27 centros, todos de titularidad pública, aunque la mayoría de ellos están gestionados por entidades privadas. Tengo que insistir en que aunque muchos de los niños atendidos en estos centros presentan importantes problemas de conducta, se trata de centros de protección, y no son centros de reforma para menores que han cometido delitos.

El informe (ver aquí) ofrece un panorama desolador de la situación por la que pasan muchos de estos niños tutelados por la Administración: castigos corporales severos, aislamiento, a veces durante días, en habitáculos cerrados, desnudos integrales para realizar inspecciones, medicación sin el consentimiento del menor –algo a lo que la obliga la ley a partir de los 12 años-, vejaciones, etc. Es decir, algo que sin ninguna duda llevaría a declarar una inmediata declaración de desamparo y una retirada de la tutela, si en lugar de un centro de protección se tratase de una familia.

¿Qué futuro espera a estos menores, que suelen provenir de familias desestructuradas y que han pasado previamente por situaciones muy complicadas? La verdad es que no resulta difícil hacer un pronóstico que no es nada halagüeño. Como ya hemos tenido la ocasión de comentar en algunas entradas anteriores, la plasticidad neurológica es grande hasta bien entrada la adolescencia, de forma que cuando los menores crecen en un entorno de cariño y protección los centros cerebrales relacionados con el control y la regulación de la conducta maduran de forma adecuada. En cambio, en contextos hostiles en los que son frecuentes las situaciones de mucho estrés, como la que se vive en algunos de estos centros, el circuito básico de amenaza, que integra la amígdala, se encontrará hiperactivado, lo que está relacionado con la agresividad reactiva y la conducta antisocial. Por lo tanto, no son necesarias dotes de adivino para aventurar que muchos de estos menores pasarán a centros de reforma, en un primer momento, y más adelante a centros penitenciarios. Es muy probable que la mayoría de ellos se beneficiarían mucho de un trato adecuado llevado a cabo por profesionales especializados. Sólo de esa forma estos niños y niñas podrían darle un requiebro al destino y convertirse en adultos competentes y responsables. Pero eso exige creer firmemente en la plasticidad del ser humano y apostar por ello, supervisando estos centros de protección y dotándoles de los recursos que necesitan para llevar a cabo una labor tan importante.

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Maltrato adolescente

Cuando pensamos en el maltrato a menores de edad, tendemos a considerar que son los niños más pequeños quienes están más expuestos a él. Incluso algunos estudios realizados en nuestro país encuentran una disminución de su incidencia a partir de la pubertad. Sin embargo, si echamos un vistazo a las cifras de países que, como EEUU, tienen una mayor tradición en la protección a la infancia, y que proporcionan cifras de incidencia más fiables, observamos que si en la infancia el número de niños maltratados se sitúa en el 1.9% en la adolescencia la incidencia es algo superior, un 2.5%.

Figura. Malos tratos detectados en infancia y adolescencia en EEUU

En realidad, si observamos el grafico superior, puede observarse que una parte importante de los casos de maltrato adolescente (61%) pasan desapercibidos y no son detectados por los servicios de protección. Las razones de las dificultades para detectar los casos de maltrato que se producen durante la adolescencia son diversas:

• Los indicadores físicos son menos evidentes y los daños menos severos, ya que los tipos de malos tratos más frecuentes durante la adolescencia son el abuso sexual, el maltrato físico y el psicológico. En cambio, durante la infancia es la negligencia el tipo más usual, precisamente aquel de más fácil detección por sus evidentes indicadores.
• La menor sensibilización de la población ante las necesidades de los adolescentes, que unida a la imagen negativa de la adolescencia hace que en cualquier situación conflictiva entre padres y adolescentes tendamos a atribuir la responsabilidad al joven. Sin embargo, algunos estudios han encontrado que muchos casos de agresión del adolescente a sus padres habían estado precedidos de episodios prolongados de abusos por parte de los padres.
• El perfil menos desfavorecido de las familias en las que se produce el maltrato, pues se trata de familia con niveles económicos medios, lo que las sitúa fuera del campo de visión de los servicios sociales que suelen tener más contacto con la población con menos recursos.
  

Los tipos de malos tratos que se producen durante la adolescencia pueden ser de tres tipos:
1. Maltrato que comienza en la infancia y continúa en la adolescencia. Sin duda, se trata de los casos más severos, que, además, están indicando un evidente fracaso del sistema de protección al menor.
2. Maltrato que comienza en la adolescencia. Se trataría de familias que hasta este momento habían mantenido cierto equilibrio aunque los problemas ya estarían presentes, pero al llegar uno de los hijos a la adolescencia aumentan el estrés y la conflictividad familiar hasta alcanzar límites intolerables y surgir situaciones de maltrato.
3. Castigo corporal moderado o suave que llega a convertirse en maltrato. Se trataría de un tipo incluido en el patrón anterior, y suele ser más frecuente entre padres rígidos y autoritarios que se encuentran con que con la llegada de la adolescencia van perdiendo el control en la medida en que aumenta el tamaño y la fuerza de su hijo. Los padres piensan que es preciso emplear más fuerza para controlar y castigar, lo que sin duda genera reacciones hostiles y rebeldes en sus hijos, iniciándose un ciclo de violencia cada vez más severo.

Aunque podríamos pensar que las consecuencias del maltrato adolescente son menos serias que cuando tiene lugar sobre niños de menos edad, la realidad es que en ocasiones los daños pueden ser tan o incluso más severos. Así, se han encontrado entre sus consecuencias: autoestima muy deteriorada, síntomas depresivos y tentativas de suicidio, consumo abusivo de alcohol y otras drogas, problemas en las relaciones sociales, agresividad y conducta antisocial.

Por todo lo anterior, parece necesario prestar más atención a la detección e intervención sobre el maltrato que se perpetra sobre chicos y chicas adolescentes, sobre todo porque al darse en familias no muy desfavorecidas el pronóstico suele ser muy favorable para la intervención. Cuando se trata de niños más pequeños, a veces el entorno familiar es tan deficitario y es tan complicado modificar las condiciones familiares que con frecuencia hay que tomar medidas de protección que impliquen la retirada del menor. Sin embargo, en el caso de adolescentes la intervención puede ser más exitosa a la hora de modificar las condiciones familiares, y la retirada del menor sólo será necesaria en algunas ocasiones en que el adolescente esté en serio riesgo de sufrir daños importantes. El tratamiento suele requerir un compendio de terapias individuales, familiares y grupales, y la orientación a los padres resulta clave en este proceso, resultando necesario proporcionales información sobre las necesidades de los chicos y chicas en estas edades, dotarles de estrategias que les permitan adoptar un estilo disciplinario más adecuado cambiar las pautas de interacción en el seno de la familia, etc.

Oliva, A. (2002). Maltrato adolescente. Bienestar y Protección Infantil, 1, 71-90. (aquí)