Sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor

Esta tarde al salir de un centro comercial una señora de mediana edad, con aspecto de tener mucho tiempo para dedicárselo a sí misma, me abordó con una amplia sonrisa de dientes blanquísimos para solicitar mi firma en contra de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Cuando le comenté que no pensaba firmar en contra de lo que me parecía buena ley, cambió su sonrisa por una mirada de incredulidad, para ir apartándose después con algo de temor, como si tuviese delante de sí al mismísimo Jack el Destripador.

Supongo que hasta el momento de encontrarse conmigo habría recogido un buen montón de firmas, lo que explicaría su estupor ante mi negativa. La verdad es que no me extraña. Vivimos en un mundo muy globalizado y en el que los medios de comunicación tienen tanta presencia que un hecho ocurrido en cualquier lugar del primer mundo –lo que suceda ocurra en el tercero es otra cosa- nos llega como si hubiese acontecido en nuestro mismo vecindario, y nos genera la misma sensación de inseguridad. Los medios de comunicación tienen un efecto multiplicador que amplifican la percepción del riesgo real que corremos, de forma que vivimos permanentemente instalados en un estado de miedo. Miedo a la delincuencia juvenil, a la violencia sexual, a los inmigrantes, a las drogas, a la fiebre porcina, a las bandas albano-kosovares…Y cuando el miedo se instala en nuestros mecanismos cerebrales, termina por alterar la objetividad de nuestros juicios, condiciona nuestras relaciones con quienes nos rodean e influye en las políticas que apoyamos.

Creo que por eso, una ley progresista y que conlleva una serie de medidas reeducativas o rehabilitadoras, como la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, ha llegado a generar tanto rechazo en una sociedad que no es excesivamente conservadora, ¿o tal vez sí? Es evidente que esta ley puede ser mejorada, sobre todo en lo que se refiere a su implementación: más recursos, personal mejor formado en los centros de internamiento, atención a los menores de 15 años no imputables y a sus familias, endurecimiento en el caso de delitos muy violentos, etc. Sin embargo, mejorar la ley no significa que deba ser retirada. Se me ocurren algunas razones a favor de su mantenimiento.

1. Muchos adolescentes presentan déficits en el autocontrol de sus impulsos agresivos y falta empatía, lo que está relacionado con una sobreactivación de la amígdala y un escaso desarrollo órbito-frontal. Estos mecanismos cerebrales están en pleno proceso de maduración durante la adolescencia y muestran una gran plasticidad, por lo que la reclusión en centros reeducativos ofrece una magnífica oportunidad para el desarrollo de estos mecanismos relacionados con el autocontrol. En cambio, en un contexto hostil, como es la cárcel, es más que probable que la amígdala, y el sistema de ataque-huida, se mantengan en una situación de hipervigilancia poco propicia para el desarrollo de los circuitos de autorregulación. Es decir, no sólo desaprovecharemos la ocasión para influir en la maduración prefrontal, sino que contribuiremos a fortalecer la propensión a la criminalidad.
2. Aunque factores genéticos y temperamentales desempeñan un papel importante en la criminalidad, hay una importante evidencia empírica que destaca la influencia de factores familiares, entre los que destacan la negligencia parental y los malos tratos físicos. Es decir, muchos de estos jóvenes delincuentes han tenido contacto con el sistema policial y judicial de la Administración, sin que antes los servicios de protección a la infancia hayan intervenido para impedir esos malos tratos, que a la postre han generado en el menor un comportamiento agresivo y delictivo. O sea, no les hemos protegido cuando debíamos hacerlo y ahora nos protegemos de ellos. ¡Muy bonito!, como diría mi abuela.
3. Aunque no sea el argumento principal, también merece la pena hablar de motivos económicos, ya que aunque a corto plazo la rehabilitación en centros de internamiento bien dotados sea cara, a largo plazo supondría un ahorro para el Estado, ya que la cárcel implica una alta tasa de reincidencia. Ello conlleva un mayor gasto, tanto por el daño derivado de los sucesivos delitos como por el coste que supone el internamiento durante muchos años en periodos intermitentes.
4. Tendemos a dividir la sociedad en víctimas y verdugos, en lobos y corderos, y naturalmente ni nosotros ni nuestros hijos estamos en el lado oscuro. Pero, como indican muchos estudios, los delitos menores cometidos por adolescentes son relativamente frecuentes, y nada nos debería llevar a pensar que nuestros hijos están exentos de entrar en contacto con el sistema judicial. En ese caso, ¿querríamos para nuestros hijos una ley severa y represiva o una ley rehabilitadora?
   
   Una última pregunta para concluir esta entrada, que ya va siendo más larga de lo habitual: ¿tienen tasas más bajas de criminalidad países que como Estados Unidos aplican a los menores penas similares a las de los adultos?